Plan de Convivencia

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Bases legales

[DOCV 01.08.2014] ORDEN 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar.

[DOCV 09/04/2008] DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios.

[DOCV 28/09/2007] ORDEN de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana (PREVI)

[DOCV 13/07/2007] RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la directora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa, por la que se conceden los Premios 2007 de la Comunidad Valenciana a las iniciativas, buenas prácticas educativas y planes de convivencia para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia escolar.

[DOCV 10/05/2006] ORDEN de 31 de marzo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula el plan de convivencia de los centros docentes.

[DOCV 09/12/2005] ORDEN de 25 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana (PREVI).

[DOCV 27/10/2004] DECRETO 233/2004, de 22 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunidad Valenciana.

Introducción

El papel de la formación de Personas Adultas ha venido cambiando profundamente en los últimos años desde la aprobación de la Ley 1/95 de formación de personas adultas. En un primer estadio, se comprendía sobre todo en la escolarización de un gran sector de la población que no tuvo acceso a la Educación por diversos motivos pero que se encontraba plenamente integrado en la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, este tipo de alumnado ha ido decreciendo paulatinamente dando entrada a al menos dos nuevas tipologías de alumnado adulto: por un lado alumnado joven que ha dejado los estudios y no se ha podido incorporar a otro tipo de enseñanzas puesto que al acabar su formación obligatoria no obtuvieron la titulación básica de graduado, y por otro lado, alumnado que teniendo titulación básica o incluso superior, desea continuar con la formación permanente a lo largo de su vida y decide retomar estudios. Esta nueva tipología de alumnado, combinado con el alumnado que permanece del clásico antes mencionado hace que las escuelas de adultos en general, y la de Manises en particular sean un crisol de intereses y motivaciones en el cual se hace a veces difícil darle una estructura coherente.

Así mismo, esta combinación puede a veces producir situaciones anómalas en la convivencia y marcha habitual del centro las cuales son necesario atajar. El cómo atajarlas se verá manifestado en este Plan de Convivencia.

Los cambios de alumnado nos han abierto nuevos horizontes y nos han permitido aumentar nuestra oferta educativa: Educación Secundaria para Personas Adultas, Cursos de Valenciano, Pruebas de acceso a la Universidad y a Ciclos Formativos, Idiomas... Por lo tanto el abanico de cursos es sensiblemente superior al pasado y, por consiguiente, el número y tipo de alumnado es muy distinto del que acudía a una Escuela de Adultos hace apenas 15 años.

El conflicto forma parte de la naturaleza humana y no es algo nuevo en las aulas, aunque en los últimos tiempos existe una preocupación grande en la sociedad por los problemas de convivencia escolares, el acoso, las agresiones a profesores por parte de alumnos y padres. La formación de las personas adultas puede verse perjudicada gravemente por la conflictividad escolar. Tradicionalmente en las EPAs y en concreto en la de Manises no han existido problemas de convivencia importantes, al tratarse de personas adultas pero, como hemos indicado, este perfil está cambiando rápidamente, por lo que es necesario disponer de herramientas eficaces, puestas al día y conformes con la legislación vigente para poder responder ante los conflictos de manera eficaz.

El modelo de Plan de Convivencia que pretendemos implantar con este Plan se basa en la responsabilidad mutua, el respeto a las normas establecidas y en la mediación. La mayor parte del alumnado que asiste habitualmente a las escuelas de adultos no vienen a perder el tiempo, y además muchos de ellos saben que quizás ésta sea su última oportunidad de obtener una formación que les permita obtener unas mejoras en su vida laboral y una integración social deseada. Por ellos, por los que desean aprovechar los recursos docentes que les otorga la administración, debemos velar para realizar un Plan que les permita realizar en las mejores condiciones su formación.

Frente a situaciones de acoso escolar, violencia, minusvaloración de la labor del profesor en el aula,... la postura del docente tradicional era la exclusión del alumnado conflictivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, bien mediante la expulsión de clase o bien mediante el ataque a la autoestima del alumnado. Hoy los objetivos de los planes de convivencia, como el de nuestro Centro, no son sólo prevenir, evitar y sancionar las conductas que supongan acoso escolar, sino también reconducir y socializar al alumnado que no acepte las normas. Ahí está el reto como profesores: es muy fácil mandar a su casa a un alumno que rompe las normas de convivencia y muy difícil conseguir que ese alumno o alumna se adapte a unas normas escolares que suponen el respeto de la labor de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero, qué sería la educación sin retos? Desde luego, no la de nuestra época.

El tratamiento de los conflictos en el aula exige al profesor de Formación de Personas Adultas un talante y una formación suficientes. No sirven, por suerte, los modelos autoritarios del pasado ni la simple expulsión de una clase para solventar un conflicto. El hecho de que la nuestra no corresponda a las etapas obligatorias del sistema educativo tampoco es una excusa para excluir al alumnado problemático. Las leyes rigen para todos y los Centros de Adultos no deben ser una excepción.

Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro

El C.P.F.P.A. de Manises, código 46019301, es un Centro de Formación de Personas Adultas dependiente de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y sostenido con fondos públicos. La composición de unidades del centro es de 5 unidades más 3 unidades habilitadas.

La Oferta educativa del Centro es la siguiente:

  • Ciclos I y Ciclo II de Secundaria para Adultos completos.
  • Programas Formativos de Accesos:
    • Acceso a la Universidad (Opciones Artes y Humanidades, de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales), pruebas de la Comunidad Valenciana.
    • Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (Prueba común y opciones A y B).
  • Programas Formativos de enseñanza de idiomas.
    • Cursos Oral, Elemental, Mitjà y Superior de Valenciano.
    • Cursos de inglés y francés.
  • Taller de Historia del Arte

Al centro se vienen matriculando una media de 650 alumnos en los últimos años. La mayor parte de los cursos completa la ratio máxima establecida para ese nivel. Excepción de ello podría ser el Valenciano Superior que es de los pocos grupos, si no el único que no completa la oferta de plazas.

Detección de Problemas de Convivencia en el Aula, contexto General de la Convivencia Escolar Determinar, con la mayor precisión posible, cuál o cuáles son los comportamientos problemáticos más comunes en el Centro, así como las circunstancias en que aparecen, es el primer paso para elaborar un Plan de Convivencia. El Plan de Convivencia parte de la necesidad de conocer con rigor los problemas que afecten a la convivencia escolar. A menudo el profesorado no llega a enterarse de todos los conflictos que pueden incidir en la vida académica, por lo que es imprescindible disponer de elementos de detección que nos permitan conocer la realidad de la convivencia en el Centro. Para ello se ha de desarrollar anualmente en el primer y último trimestre del curso de una encuesta que permita determinar la presencia de actitudes contrarias a la convivencia normal del centro.

Incidencias Registradas en la Jefatura de Estudios/Dirección en los últimos años Desde la jefatura de estudios y dirección se han recopilado los partes de incidencias de los últimos cursos. Son muy pocos y, en general, normalmente se trata de interrupciones de la marcha habitual de las clases, menosprecio a compañeros o profesorado y se han solucionado en su propio ámbito. Sólo una incidencia en los últimos 10 años ha supuesto la privación de escolaridad durante unos días de los intervinientes en la misma.

Conclusiones sobre la Convivencia en el Centro

No existe un nivel de conflictividad preocupante en la Escuela de Adultos. Los actos contrarios a la convivencia escolar son actos aislados.Los insultos y comentarios intolerantes son la primera fuente de malestar entre los alumnos y alumnas del Centro. Los grupos de la tarde, que suelen ser de gente de más edad, no presentan prácticamente conflictividad. Son los grupos que dan lugar a la obtención de una titualción, los de graduado en secundaria los que suelen ser frecuentados por alumnado más joven, los que presentan una mayor conflictividad.

Composición y plan de actuación de la comisión de convivencia

Funciones de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar

La Comisión de Convivencia del Centro Escolar garantizará la correcta aplicación del decreto 39/2008 sobre convivencia en las aulas. Sus funciones son las siguientes:

  • Efectuar el seguimiento del Plan de Convivencia del Centro Docente.
  • Informar al Consejo Escolar sobre las actuaciones efectuadas.
  • Valorar el estado de la convivencia Escolar.
  • Realizar las acciones que le sean atribuidas por el Consejo Escolar en el ámbito de sus competencias.
  • Establecer y promover el uso de medidas de carácter pedagógico y no disciplinarias que ayuden a resolver los posibles conflictos en el Centro.
  • Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad escolar en el ámbito de la convivencia y la prevención de actitudes violentas.

Composición de la Comisión de Convivencia

La Comisión de Convivencia queda formada por los siguientes miembros: Director o directora, jefe o jefa de estudios, secretario o secretaria, un miembro del consell escolar del sector alumnado y un miembro del consell escolar del sector profesorado elegido por dicho órgano.

Plan de actuación

El Jefe o Jefa de estudios y el Director o Directora coordinarán el desarrollo del plan y elaborarán los Informes y documentos pertinentes.

Ante una posible situación en la que se pueda haber producido una conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro se reunirá bajo la convocatoria del director o directora y la comisión decidirán los pasos previos a iniciar el procedimiento de actuación reseñado en el Reglamento de Régimen Interior.

Las actuaciones a realizar contemplarán tanto a la víctima como a los posibles agresores y a los compañeros más directos de los afectados.

Con la víctima, ofreciéndole apoyo y protección expresa o indirecta (incremento de la vigilancia en los lugares donde se produce; cambio de grupo, si es necesario; disuadir a los demás de participar en acciones de acoso, etc.). Se procurará siempre actuar con discreción para evitar la exposición a situaciones de riesgo y estas actuaciones se derivarán, si así se valora, hacia servicios de atención externa.

Con el / los agresores, ayudándolos a asumir las responsabilidades que les corresponda y a aceptar las consecuencias negativas que se deriven de la conducta con la apertura de un expediente disciplinario. Se tratará, en primera instancia, de facilitar el compromiso de cambio sin tratar de aplicar métodos coercitivos, dejando claro que el centro mantendrá una postura firme de intransigencia ante cualquier conducta de acoso. Sin embargo, la comisión de convivencia decidirá sobre la conveniencia de realizar actuaciones en relación con la aplicación de medidas disciplinarias y, en su caso, la posible derivación a servicios externos en caso de conducta antisocial manifiesta.

Con los compañeros más directos de los afectados las actuaciones irán encaminadas a la sensibilización y el análisis de las consecuencias que estos comportamientos tienen para todos. Se realizarán mediante atención tutorial y se hará un especial hincapié en la necesidad de denunciar las conductas de acoso e intimidación.

Medidas y acciones orientadas a la promoción de la convivencia y a la prevención de conflictos, para conseguir un adecuado clima educativo en el centro.

a) Actuación de éxito escolar, modelo dialógico de prevención de conflictos. Se procederá ante cualquier inicio de situación de conflicto a adoptar una posición de diálogo abierto que permita superar la situación de discordancia, evitando de esta modo conseguir que no se produzca ningún tipo de agresión en los centros educativos.

b) Diagnóstico que facilite la detección y, por tanto, ayuden a la prevención de casos de violencia grave, entre otros acoso y/o discriminación y/o exclusión por razones de sexo, orientación, identidad de género, raza, religión, así como crear estructuras sencillas que faciliten al alumnado visibilizar y denunciar estas situaciones. El miembro de la comunidad educativa que detectare cualquier situación de inicio de casos de violencia, acoso, discriminación o exclusión, dará parte a la dirección o jefatura de estudios del centro de forma que se active el protocolo de actuación que contemplará entre otras acciones el diagnóstico de la situación.

c) Acciones que fomenten la participación del alumnado a través de estrategias basadas en la ayuda entre iguales.

Si el Consell Escolar lo viera adecuado se podrá promover la posibilidad de formación entre iguales para lograr un equipo de mediación.

La mediación será uno de los pilares de la resolución de los conflictos.

El procedimiento de actuación en caso de conflicto entre miembros de la comunidad educativa deberá iniciarse, siempre que sea posible, mediante el nombramiento de un mediador o mediadora que intente dentro de sus posibilidades y formación llegar a acuerdos entre las partes que lleven a la resolución del conflicto.

El nombramiento de estos mediadores será a ser posible entre el mismo sector donde se ha producido el conflicto, es decir entre alumnos o entre miembros del claustro de profesores. De ser un conflicto entre miembros de la comunidad educativa que comprendan diferentes sectores de la misma se intentará que sean elegidos por este orden: el profesor o profesora del aula, el tutor o tutora del grupo, el jefe o jefa de estudios, el director o directora y el inspector o inspectora asignado al centro.

Se incluirá la propuesta de formación del profesorado en mediación para el plana anual de formación.

Se buscará la posibilidad de formar alumnado en mediación de forma que pudiera ayudar en los conflictos que se pudieran producir.

d) Actividades que faciliten la participación de toda la comunidad educativa en acciones de prevención y promoción de la convivencia del centro, así como en la elaboración de las normas de convivencia del centro y del aula, incorporando también, actividades dirigidas a dotar de atractivo lo no violento, para conseguir que los espacios de nuestros centros estén libres de violencia.

Se realizarán actividades de convivencia en el Plan de Actividades Extraescolares del Centro. Se fomentará la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la mejora de este Plan de Convivencia y del Reglamento de Régimen Interior.

e) Acciones para dar a conocer el plan de convivencia y el reglamento de régimen interior a toda la comunidad educativa.

Se colgará este Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior en la web del centro y se hará difusión del mismo en las aulas al principio de curso.

f) Acciones que fomenten el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres, a través de la educación de los sentimientos y de las emociones, así como la capacidad de elección, basada en argumentos de validez y en coherencia con los valores de libertad, respeto, igualdad y solidaridad. Acciones y medidas, generales y específicas, de atención a la diversidad, que generen y fomenten el desarrollo de actitudes inclusivas en el centro y ayuden a crear un clima de respeto entre los miembros de la comunidad educativa, proponiendo actividades dirigidas a educar en la solidaridad y apoyo social a las víctimas, así como tolerancia cero frente a la violencia, desde las edades más tempranas.

Desde las aulas y la transversalidad es menester trabajar e incidir en actitudes de tolerancia y respeto hacia diversos aspectos de las relaciones humanas:

  • Tolerancia hacia las personas con otros orígenes.
  • Respeto hacia las diversas orientaciones sexuales del alumnado.
  • Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
  • Favorecer la plena integración con personas con discapacidades físicas o mentales.

g) Acciones que contribuyan, desde las diferentes áreas y materias del currículum, a la mejora de la convivencia a través de la adquisición de las competencias básicas, particularmente de la competencia social y cívica, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y de la competencia digital, trabajando conjuntamente en el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de la identidad digital y dotando a la comunidad educativa de estrategias para asegurar la privacidad pública y privada.

Aplicación de la transversalidad en los distintos campos de conocimiento en FPA Ámbito Científico-Tecnológico: Naturaleza, Ecología y Salud trabajará la transversalidad en igualdad entre sexos, plena integración de personas discapacitadas y tolerancia hacia personas de otros orígenes.

Ámbito Ciencias Sociales: desde El Mundo del Trabajo y Sociedad, Territorio y Procesos Históricos trabajará la transversalidad en igualdad entre sexos, plena integración de personas discapacitadas y tolerancia hacia personas de otros orígenes.

Ámbito Comunicación: Desde la enseñanza de las lenguas castellana, valenciana e inglesa se trabajará la transversalidad en igualdad entre sexos, plena integración de personas discapacitadas y tolerancia hacia personas de otros orígenes.

Optativas: Existe una optativa de Habilidades Sociales en I y II niveles del Ciclo II de FBPA que, en caso de que se considerare oportuno, podría ser ofertada por el Centro a aquellos cursos que presenten mayores tasas de conflictividad escolar.

Aplicación de la transversalidad en Grupos Formativos

Desde los grupos formativos de Acceso a la Universidad, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior se trabajará la transversalidad en las materias de: Filosofía, Historia Universal y los idiomas referidas a igualdad entre sexos, respeto a orientaciones sexuales, plena integración de personas discapacitadas y tolerancia hacia personas de otros orígenes. Desde los grupos de Lengua Inglesa se trabajará la transversalidad en igualdad entre sexos, plena integración de personas discapacitadas y tolerancia hacia personas de otros orígenes. La labor de concienciación del alumnado en labores de convivencia en las aulas deberá realizarse desde los distintos campos de conocimiento. A tal fin, serán los departamentos quienes establezcan desde qué materias se abordará la tolerancia, con qué temporización y de qué manera se trabajará y se evaluará, si se considerare necesario.


Procedimientos de actuación e intervención contemplados en el reglamento de régimen interno del centro, que deben ser adecuados a lo que prescribe el Decreto 39/2008, de 4 de abril, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios.

Corresponde al director o a la directora del Centro y a la Comisión de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, favorecer la convivencia y facilitar la mediación en la resolución de los conflictos.

Al director o a la directora del Centro le corresponde, asimismo, imponer las medidas educativas correctoras que correspondan a los alumnos o alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y en el correspondiente Plan de Convivencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al efecto al Consejo Escolar del Centro.

a) Conductas contrarias a las normas de convivencia, tal y como quedan tipificadas en el artículo 35 del Decreto 39/2008.

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo las siguientes:

a) Las faltas de puntualidad injustificadas.

b) Las faltas de asistencia injustificadas.

c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro educativo, especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases.

d) Los actos de indisciplina.

e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra los miembros de la comunidad educativa.

f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación o recursos del centro.

g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los miembros de la comunidad educativa.

h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los miembros de la comunidad educativa.

i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o tutoras por parte del centro y viceversa.

k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, tutores o tutoras por parte del centro.

l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar.

m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación durante las actividades que se realizan en el centro educativo.

n) El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se realizan en el centro educativo.

o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus compañeros y compañeras.

p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de convivencia.

q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia.

r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro.

s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de carácter propio del centro y que estén incluidas en su proyecto educativo.

En toda esta tipología de conductas el procedimiento de actuación se abrirá mediante parte firmado por cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. En dicho parte se identificará, de ser conocido, al infractor o infractores de la conducta y se hará una breve descripción de la conducta que ha dado lugar a la tramitación del mismo. Este parte deberá ser presentado al director o directora o al jefe o jefa de estudios, preferentemente de forma inmediata, pero siempre de forma que no pasen más de 2 días laborables desde el suceso de los hechos.

Actuaciones en el Caso de Faltas Contrarias a las Normas de Convivencia en el Centro

a) Amonestación verbal.

b) Comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director o la directora.

c) Amonestación por escrito.

d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizados de forma reiterada durante las actividades que se realizan en el Centro educativo. Se retirarán apagados y serán devueltos a los padres, madres, tutores o tutoras legales en presencia del alumno o de la alumna si fuera menor de edad. En caso de ser mayor de edad se le devolverá al acabar la jornada lectiva.

e) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no lectivo. La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a cinco días lectivos.

f) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias que tenga programadas el Centro durante los quince días siguientes a la imposición de la medida educativa correctora.

g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no superior a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el Centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del Centro organizarán la atención a este alumnado.

Para la aplicación de las medidas educativas correctoras, no será necesaria la previa instrucción de expediente disciplinario; no obstante, para la imposición de las medidas educativas correctoras de los apartados f) y g) será preceptivo el trámite de audiencia a los alumnos, las alumnas, o a sus padres, madres, tutores en caso de ser menores de edad, en un plazo de diez días hábiles.

Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente ejecutadas y serán comunicadas a los padres, madres, tutores legales del alumnado que sean objeto de medidas educativas correctoras en el caso de que el alumnado sea menor de edad o al propio alumnado si fuera mayor de edad. Si éste lo demandase, podrá recibir una comunicación escrita. Competencia para Aplicar las Medidas Educativas Correctoras Corresponde al director o a la directora del Centro y a la Comisión de Convivencia, en el ámbito de sus competencias, favorecer la convivencia y facilitar la mediación en la resolución de los conflictos.

Al director o a la directora del Centro le corresponde, asimismo, imponer las medidas educativas correctoras que correspondan a los alumnos o alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y en el correspondiente Plan de Convivencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al efecto al Consejo Escolar del Centro.

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, de conformidad con el Decreto 39/2008, artículo 42.

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:

a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de la comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración previstas en el artículo 35 del presente Decreto. b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave a cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave a la integridad y dignidad personal. c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus características personales, sociales o educativas. d) El acoso escolar. e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del centro o en los bienes de los miembros de la comunidad educativa. h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro. i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio. l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en el centro. m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia. n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las faltas que afecten gravemente a la convivencia en el centro. o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter propio del centro.

En toda esta tipología de conductas el procedimiento de actuación se abrirá mediante parte firmado por cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. En dicho parte se identificará, de ser conocido, al infractor o infractores de la conducta y se hará una breve descripción de la conducta que ha dado lugar a la tramitación del mismo. Este parte deberá ser presentado al director o directora o al jefe o jefa de estudios, preferentemente de forma inmediata, pero siempre de forma que no pasen más de 2 días laborables desde el suceso de los hechos.

Medidas Sancionadoras contra las Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia en el Centro Escolar

Ante las conductas tipificadas como gravemente perjudiciales, este reglamente establece las siguientes medidas disciplinarias para los apartados h), m) y n): a) Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no lectivo, por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias que tenga programadas el Centro durante los treinta días siguientes a la imposición de la medida disciplinaria. с) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el Centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del Centro organizará la atención a este alumnado. e) Supresión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo comprendido entre seis y quince días lectivos, siendo sustituida su asistencia por tutorías personalizadas. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas tipificadas en el artículo anterior, excepto las letras h), m) y n) recogidas en el apartado anterior, son las siguientes: a) Suspensión del derecho de asistencia al Centro educativo durante un período comprendido entre seis y treinta días lectivos. Para evitar la interrupción en su proceso formativo, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte docencia. El reglamento de régimen interior determinará los mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando la persona encargada de llevarlo a cabo y el horario de visitas al Centro por parte del alumno o alumna sancionada. b) Cambio de Centro educativo. En el caso de aplicar esta medida disciplinaria, al alumnado que se encuentre en edad de escolaridad obligatoria, la Administración Educativa le proporcionará una plaza escolar en otro Centro docente sostenido con fondos públicos, con garantía de los servicios complementarios que sean necesarios, condición sin la cual no se podrá llevar a cabo dicha medida. La dirección del Centro comunicará, simultáneamente al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial competente en materia de educación, cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta penal, sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares oportunas.


Aplicación y Procedimientos

Fases del Procedimiento que han de Observarse en los Expedientes Disciplinarios de los Alumnos Iniciación del expediente El expediente se iniciará: a. A propuesta del director b. A propuesta de cualquier miembro de la comunidad escolar. Apertura del expediente El acuerdo sobre la iniciación del expediente disciplinario se acordará en el plazo máximo de dos días hábiles del conocimiento de los hechos. El director del centro hará constar por escrito la apertura del expediente disciplinario, que deberá contener: a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. b) Los hechos imputados. c) La fecha en la que se produjeron los mismos. d) El nombramiento de la persona instructora. e) El nombramiento de un secretario o secretaria, si procede por la complejidad del expediente, para auxiliar al instructor. f) Las medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano competente, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el procedimiento.

Nombramiento de Instructor y Notificación

El instructor ha de ser designado por el director del centro. El director del centro, notificará el nombramiento de instructor (y del secretario, si la complejidad del expediente así lo exigiese) a la persona en quien hubiera recaído y al alumno y sus representantes legales cuando aquél sea menor de edad. En la notificación deberá constar la fecha de la designación. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de diez días sobre el contenido de la iniciación del procedimiento, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. La notificación se hará mediante correo certificado y con acuse de recibo, telegrama o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción.

Instrucción

El instructor o la instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo máximo de diez días hábiles, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado

Medidas de carácter cautelar

Al incoarse un expediente o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora del centro, por propia iniciativa o a propuesta del instructor y oída la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro, podrá adoptar la decisión de aplicar medidas provisionales con finalidades cautelares y educativas, si así fuere necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro.

Las medidas provisionales podrán consistir en:

a. Cambio provisional de grupo.

b. Suspensión provisional de asistir a determinadas clases.

c. Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro.

d. Suspensión provisional de asistir al centro.

Las medidas provisionales podrán establecerse por un período máximo de cinco días lectivos. Ante casos muy graves, y después de realizar una valoración objetiva de los hechos por parte del director del centro, por propia iniciativa o a propuesta el instructor y oída la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro, de manera excepcional y teniendo en cuenta la perturbación de la convivencia y la actividad normal del centro, los daños causados y la trascendencia de la falta, se mantendrá la medida provisional hasta la resolución del procedimiento disciplinario, sin perjuicio de que esta no deberá ser superior en tiempo ni distinta a la medida correctora que se proponga, salvo en el caso de que la medida correctora consista en el cambio de centro.

El director podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las medidas provisionales adoptadas.

En el caso de que el alumno o alumna que ha cometido presuntamente los hechos sea menor de edad, estas medidas provisionales se deberán comunicar a su padre, madre o tutores. Cuando la medida provisional adoptada comporte la no asistencia a determinadas clases, durante la impartición de estas, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, este permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe de estudios del centro organizará la atención a este alumnado. Cuando la medida provisional adoptada comporte la suspensión temporal de asistencia al centro, el tutor entregará al alumno o alumna un plan detallado de las actividades académicas y educativas que tiene que realizar y establecerá las formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro para garantizar el derecho a la evaluación continua.. Cuando se resuelva el procedimiento disciplinario, si la medida provisional y la medida disciplinaria tienen la misma naturaleza, los días que se establecieron como medida provisional, y que el alumno o la alumna cumplió, se considerarán a cuenta de la medida disciplinaria a cumplir.

Propuesta de resolución

Practicadas las anteriores actuaciones, el instructor formulará propuesta de resolución, que se notificará al interesado, o a su padre, madre, tutor, si el alumno o la alumna es menor de edad; concediéndoles audiencia por el plazo de diez días hábiles. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Finalizado el trámite de Audiencia el instructor formulará propuesta de resolución que deberá contener:

a. Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.

b. La tipificación que a estos hechos se puede atribuir, según lo previsto en el artículo 42 de este decreto.

c. La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.

d. La medida educativa disciplinaria aplicable entre las previstas en el artículo 43 de este decreto.

e. La competencia del director o de la directora del centro para resolver.

Resolución del Director

El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario desde la incoación hasta su resolución, incluida la notificación, no podrá exceder de un mes. La resolución, que deberá estar motivada, contendrá: Los hechos o conductas que se imputan al alumno o alumna. Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere. Los fundamentos jurídicos en que se basa la corrección impuesta. El contenido de la sanción y fecha de efecto de ésta. El órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo del mismo. La resolución del expediente por parte del director del centro público pondrá fin a la vía administrativa, por lo que la medida disciplinaria que se imponga será inmediatamente ejecutiva, excepto en el caso de la medida correctora prevista en el artículo 43.3.b) (Cambio de centro educativo.) de la presente norma, que podrá ser recurrida ante la conselleria competente en materia de educación. Las resoluciones de los directores de los centros docentes públicos podrán ser revisadas en un plazo máximo de cinco días por el Consejo Escolar del centro a instancia, de los padres, madres, tutores legales de los alumnos o alumnas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a revisar, en su caso, la decisión adoptada y proponer las medidas oportunas.

Acciones específicas

Protocolo de actuación ante el acoso y/o ciberacoso

1. Detectar y comunicar la situación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso o ciberacoso sobre algún alumno o alumna lo comunicará a un profesor o profesora, al tutor o la tutora o al equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al equipo directivo.

2. Primeras actuaciones.

a) Equipo directivo. El equipo directivo se pondrá en contacto con el tutor o tutora del alumno o alumna afectados y, asesorados por los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, el gabinete municipal autorizado o el personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el centro, recogerá la información para analizar y valorar la intervención que proceda.

b) El equipo de intervención.

El equipo de intervención planificará de forma rápida los recursos personales, materiales y organizativos, el momento y el lugar de reunión con los agresores, la víctima y los espectadores, siempre que sean alumnos del centro.

c) En el ciberacoso es importante tener información de la intensidad, difusión y características del medio o dispositivo utilizado. Si existen pruebas físicas, estas han de conservarse (impresión pantalla, copia SMS), sin lesionar los derechos de toda persona y respetando la confidencialidad de las actuaciones.

3. Medidas de urgencia.

a) Aumentar la supervisión y vigilancia del profesorado y personal del centro durante los descansos, baños, entradas y salidas del centro.

b) Avisar a las familias de la víctima, y del acosador o acosadores si estos fueran menores.

c) Explicarle al alumno acosado todas y cada una de las medidas que se tomarán para darle seguridad.

d) En caso de ciberacoso, indicar al alumno, si es el caso, que debe cambiar contraseñas y revisar las medidas de privacidad. Se insistirá en que no hagan desaparecer las pruebas físicas de que dispongan.

e) Se pedirá al alumno acosado que comunique a un adulto cualquier insulto, ofensa, o agresión que reciba y se le ofrecerán los mecanismos y vías para que lo haga con la mayor discreción posible.

f) Una vez oído al alumno acosador y analizada la situación, la dirección del centro le aplicará las medidas cautelares que considere necesarias, a través del procedimiento disciplinario, según el Decreto 39/2008.

g) Valorada la situación, la dirección del centro decidirá aplicar o no las medidas educativas correctoras y/o disciplinarias y, si procede, se iniciará el procedimiento de apertura de expediente disciplinario, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril.

4. Comunicación de la incidencia.

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la comisión de convivencia. b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa. c) Si la situación se agrava, o sobrepasa la capacidad de actuación del centro, se debe informar a la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención. 5. Comunicación a familias y/o representantes legales de todos los implicados a) La dirección del centro realizará las entrevistas necesarias, preferentemente de forma individual. b) La dirección del centro informará a las familias de los alumnos implicados en el conflicto de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel o centro educativo. c) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la víctima la conveniencia o no de realizar denuncia a las Fuerzas de Seguridad del Estado. d) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o alumna y estos la rechacen, la Administración educativa, si considerara que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa. 6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la inspección del centro. La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales colaborarán con el la dirección del centro en el seguimiento del caso en que hayan intervenido. 7. Definir medidas de tratamiento individualizado con la víctima, el agresor o agresores y de sensibilización con observadores, las familias y el resto del alumnado a) Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto. Deberán garantizar el tratamiento individualizado tanto de la víctima, de la persona o personas agresoras como del alumnado espectador, e incluir actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado. b) Con carácter orientativo, en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, se propondrán medidas y actuaciones para trabajar el acoso escolar en sus diferentes tipologías. Enlace página web http://www.cece.gva.es/eva/es/previ.htm.

Conductas que alteran la convivencia de forma grave y reincidente: insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo


Diferenciamos el protocolo de intervención ante estas situaciones a nivel general, del protocolo de actuación específico, cuando los alumnos que provocan estos incidentes presentan problemas graves de conducta y/o trastornos.



Protocolo ante alumnado que altera gravemente la convivencia

Se caracteriza por el incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia, que se manifiestan a través de conductas disruptivas graves y reincidentes, como insultos, amenazas, agresiones, peleas sobre algún alumno o alumna, o acciones de vandalismo sobre el centro y sus instalaciones. Son conductas, en general, que atentan contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa.


A) Procedimiento de intervención en general

1. Detectar y comunicar la situación. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento u observe una situación de conductas disruptivas muy graves, insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo sobre algún alumno o alumna, o sobre el centro y sus instalaciones, tratará de conocer los hechos y la situación y la comunicará a la dirección del centro.

2. Primeras actuaciones. a) La dirección recogerá y analizará la información, tomando las medidas que considere necesarias. b) La dirección del centro, o la persona en quien se delegue, comunicará la incidencia producida a las familias,en el caso de menores o al alumnado implicado en caso de mayores de edad y les informará de la situación.

3. Medidas de intervención general. Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. Las alteraciones de conducta muy graves, insultos, amenazas, agresiones, peleas entre alumnos o alumnas, o acciones de vandalismo sobre el centro y sus instalaciones se consideran conductas perjudiciales para la convivencia del centro y por tanto se actuará aplicando medidas educativas correctoras y/o disciplinares, según el Decreto 39/2008, de 4 de abril. Medidas y acciones que estarán especificadas en el reglamento de régimen interior del centro.

La dirección del centro, recogida la información y oída la comisión de convivencia, categorizará el tipo de incidencia y propondrá medidas correctoras y/o disciplinarias, que tendrán un carácter educativo y recuperador de la convivencia en el centro.

a) Si se proponen medidas educativas correctoras para alguna de las conductas tipificadas en el artículo 35 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se ajustarán al artículo 36 del mismo decreto. b) Si se proponen medidas educativas disciplinarias, por alguna de las conductas tipificadas en el artículo 42 del Decreto 39/2008, se ajustarán al artículo 43 del Decreto.

4. Medidas de apoyo. La dirección del centro, si lo considera conveniente, podrá solicitar otras medidas de apoyo y colaboración externas y recurrir a los servicio de otras administraciones e instituciones: entre otras, los servicios sociales municipales, servicios especializados de atención a la familia y la infancia (en adelante SEAFI), las unidades de prevención comunitarias (en adelante UPC), las unidades de conductas adictivas (en adelante UCA), así como los centros de salud. En estos casos, se planificará la intervención conjunta con todas las instituciones que estén implicadas.

Alumnado con alteraciones graves de conducta Las alteraciones graves de conducta hacen referencia a un patrón de comportamiento persistente, repetitivo e inadecuado a la edad del menor. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, publicada por la OMS, estas alteraciones graves de conducta suelen encuadrarse como comportamiento antisocial, comportamientos oposicionistas desafiantes, trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y/o impulsividad, trastorno disocial en preadolescentes y adolescentes, trastorno explosivo intermitente, alteraciones del sueño, conductas de riesgo por consumo de sustancias tóxicas y/o alcohol, alteraciones de la conducta alimentaria, entre otros. Se caracterizan por el incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia, y por la oposición a los requerimientos a las figuras de autoridad, generando un deterioro en las relaciones familiares o sociales. Este comportamiento tiene repercusiones negativas para el alumnado que lo padece y para el medio en que desarrolla su vida: familia, escuela, ocio... Sus comportamientos van más allá de los límites tolerables, son conductas que impiden a la persona tener un proceso de adaptación y desarrollar todo su potencial adecuadamente.

En el ámbito educativo, estos alumnos presentan necesidades educativas específicas, derivadas de trastornos temporales o permanentes de la personalidad o de la conducta y requieren de aprendizajes y recursos excepcionales.

B) Procedimiento de intervención específico

1. Detectar y comunicar. Ante un incidente grave provocado por un alumno que presenta una alteración grave de la conducta, si es posible y siempre que no estemos a cargo de otro u otros alumnos, se le acompañará a la zona de secretaría. Se informará al director del centro, jefe de estudios o al personal de los servicios psicopedagógicos escolares, al departamento de orientación, gabinete municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el centro. Siempre que sea posible, el alumno quedará bajo la supervisión de un adulto en el caso de ser menor de edad.

2. Intervención de urgencia.

Si la situación de crisis continua, se llamará en primer lugar a la familia para que acudan al centro. En caso de no obtener respuesta de la familia y en los supuestos de peligro grave e inminente, se llamará al 112 para solicitar ayuda.

3. Medidas de intervención específicas.

a) Comunicación de la intervención a la familia. La dirección del centro, o la persona en quien se delegue, comunicará la realización y/o revisión de la evaluación socio-psicopedagógica del alumno/a. b) Recogida y análisis de información. El equipo directivo, junto con el tutor o tutora del alumno, el equipo de profesores y el personal de los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, gabinete municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el centro, recopilará información sobre la intensidad, duración, frecuencia y contexto en el que aparecen estas conductas en el alumno. c) Evaluación psicopedagógica. Se realizará y/o revisará la evaluación socio-psicopedagógica. En ella deberá constar la planificación de la intervención, la organización de los apoyos y las coordinaciones externas necesarias. d) Solicitud de medidas de apoyo. La dirección del centro podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro; entre otras, con los servicios sociales municipales, el SEAFI, la UPC, la UCA, los centros de salud, con centros hospitalarios y/o asociaciones especializadas.


e) Recursos complementarios. La dirección del centro podrá, además, solicitar recursos extraordinarios en la convocatoria anual de recursos personales complementarios de Educación Especial que quedan reguladas en la Orden del 14 de marzo de 2005 (DOGV 4985, 14.04.2005) en Educación Secundaria.

f) Medidas educativas correctoras y/o disciplinarias. La dirección del centro analizada la situación y valorado el plan de intervención propuesto para el alumno/a, aplicará las medidas correctoras y/o disciplinarias que estime convenientes, respetando cuanto se regula en el Decreto 39/2008, de 4 de abril.

C) Comunicación de la incidencias

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la comisión de convivencia. b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa. c) Si la situación se agravara o sobrepasara la capacidad de actuación del centro, se deberá informar a la Inspección para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o intervención de la Unidad de Atención e Intervención del PREVI, de la dirección territorial correspondiente.

D) Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados

a) Se informará a las familias de los implicados de las medidas y actuaciones de carácter individual adoptadas, así como de las de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo. Preservando la confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. b) Todas las medidas correctoras y/o disciplinarias previstas en los artículos 36 y 43 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, deberán ser comunicadas formalmente a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos menores de edad.

c) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen, la Administración educativa, si considerara que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa.

6. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y del inspector/a del centro.

La inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en que hayan intervenido.


Protocolo de actuación ante una situación observada de malos tratos y desprotección del menor

1. Identificación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil lo pondrá en conocimiento del equipo directivo.

2. Actuaciones inmediatas.

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y el personal de los servicios psicopedagógicos escolares, el departamento de orientación, gabinete municipal autorizado o personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento en el centro, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.

3. Notificación.

El equipo educativo cumplimentará la hoja de notificación que aparece en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Educación y la Consellería de Bienestar Social. El equipo directivo podrá pedir el asesoramiento del personal de los servicios psicopedagógicos escolares o del personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento educativo.

4. Comunicación de la situación.

a) La dirección del centro enviará el original de la hoja de notificación a los servicios sociales municipales de la localidad donde reside el menor, archivará una copia en el expediente del alumno/a y remitirá otra copia a la dirección general competente en materia de protección de menores, de la Consellería de Bienestar Social. b) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa. c) Si la situación se agravara y sobrepasara la capacidad de actuación del centro, se deberá informar a la Inspección Educativa, quien solicitará el asesoramiento o la intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención. d) La comunicación a la familia se realizará una vez se haya informado a las autoridades competentes y la realizará la dirección del centro.


Procedimiento de urgencia

1. Ante un alumno que presente lesiones físicas, grave negligencia o abuso sexual, un miembro del equipo directivo o personal docente en quien se delegue, le acompañará al centro de salud o a los servicios de urgencia del hospital más próximo. 2. La dirección comunicará la situación de urgencia a la policía local, a la Consellería de Bienestar Social y a la Fiscalía de Menores. Para la comunicación se utilizará: –La hoja de notificación que aparece en la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social. Para la comunicación a la autoridad judicial y al ministerio fiscal, se utilizará el modelo que se encuentra en el anexo VII de esta orden. 3. La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa para que, si lo estima oportuno, solicite el asesoramiento y/o intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.

Enlace página web de Bienestar Social: ‹http://www.bsocial.gva.es/web/menor›.


Protocolo de actuación ante una situación de violencia de género

1. Identificación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de casos de violencia de género lo notificará a la dirección del centro.

a) Recogida de información. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado, con los servicios psicopedagógicos escolares o del personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento educativo, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.

b) Actuación. En los supuestos de peligro grave e inminente y si la situación lo requiere, se llamará al 112 y trasladará a la persona agredida al hospital de referencia. La dirección del centro, podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro. Si se considerara necesario se establecerá comunicación con el SEAFI, los centros de salud, la unidad de salud mental infantil y juvenil (USMIJ), los hospitales más próximos, o los centros de acogida y entidades especializadas.

c) Aplicación de medidas disciplinarias. En el caso de que las personas agresoras sean alumnos del centro, oída la comisión de convivencia, se actuará según se regula en el Decreto 39/2008, de 4 de abril, artículos del 42 al 49.

2. Comunicación de la situación.

a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la comisión de convivencia.

b) En el caso de que la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la dirección del centro lo comunicará por fax al ministerio fiscal. Para ello utilizará el anexo VII de la presente orden. Esta comunicación irá dirigida a la sala de la Fiscalía que corresponda:

1) Si el agresor o la víctima son menores, se dirigirá a la Fiscalía de Menores.

2) Si el agresor o agresores son mayores de edad y la víctima menor de edad, se dirigirá a la Fiscalía de Violencia de Género.

3) Si el agresor o agresores y las víctimas son mayores de edad, se dirigirá a Fiscalía de Violencia de Género.

c) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa y podrá solicitar el asesoramiento o la intervención de la unidad de atención e intervención (UAI) de la dirección territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.

3. Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados.

a) La dirección informará a las familias de los implicados del hecho de violencia, y de las medidas y acciones adoptadas.

b) Según la gravedad del caso, la dirección del centro comunicará a la familia de la víctima la conveniencia de realizar denuncia a las fuerzas de seguridad.

c) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen, la Administración educativa, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa.

4. Seguimiento del caso por parte de las unidades de atención e intervención y de la Inspección del centro.

La Inspección y las unidades de atención e intervención de las direcciones territoriales colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en que hayan intervenido.


Protocolo de protección, asistencia y apoyo al profesorado ante agresiones, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones

1. Detección y comunicación de la incidencia.

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una agresión que tenga por objeto al personal docente, al de administración o al de servicios tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la dirección del centro.

b) Asimismo, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, objeto de la agresión, presentará una denuncia ante el ministerio fiscal, el juzgado de guardia o en cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

c) El profesorado o personal de administración y servicios, si así lo estima oportuno, solicitará la asistencia jurídica de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, tal como se dispone en el artículo 7 de la Ley 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, para que ejerza las acciones legales que correspondan. La solicitud será remitida por la dirección del centro. Se enviará a la dirección territorial, donde el inspector/a de zona elaborará un informe y toda la documentación se trasladará al secretario territorial que da el visto bueno, que lo elevará a la Dirección General de Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.

d) La solicitud de asistencia jurídica contendrá la siguiente información: datos personales del interesado, un teléfono de contacto, un relato de los hechos, cuantos elementos de prueba se dispongan y que sirvan para confirmar aquellos, con cita de testigos y, si es posible, de sus testimonios. Asimismo, irá acompañada de la denuncia presentada, del parte de asistencia médica, en el caso de que exista, y de un certificado de la dirección que confirme si los hechos denunciados están relacionados con el ejercicio de la función o cargo del solicitante.

e) El director o directora notificará inmediatamente el hecho denunciado a la Inspección Educativa y lo comunicará al Registro Central del PREVI.

f) La dirección del centro realizará todos los trámites previstos en este protocolo con la máxima celeridad.

2. Intervención de la Dirección General de Personal.

La Dirección General de Personal Docente, a la vista de la documentación remitida por el solicitante de asistencia jurídica, emitirá, como superior jerárquico, el informe a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. Dicho informe indicará si se cumplen los requisitos previstos en la citada ley para que el solicitante pueda recibir la asistencia de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana. La dirección general dará traslado de todo lo actuado y realizará las actuaciones complementarias que considere necesarias.

3. Resolución.

El abogado general de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, tomará el acuerdo que corresponda y se lo comunicará al interesado.

La facultad concedida al interesado por este artículo no menoscaba su derecho a designar abogado que le asista o a solicitar que este le sea designado de oficio, según el artículo 12.3 de la citada Ley 10/2005. Consideraciones específicas, ante cualquiera de las situaciones planteadas en los anexos, si se producen fuera del centro


Actuaciones en general

Según se recoge en el artículo 28 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, se aplicarán de forma general los protocolos de acoso y ciberacoso escolar, conductas que alteran la convivencia de forma grave y reincidente: insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo, maltrato infantil y violencia de género, si estas situaciones se produce fuera del centro, en actividades extraescolares o complementarias, y en las llevadas a cabo fuera del recinto escolar pero que estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar. Será tratada según el reglamento de régimen interno de cada centro.


Actuación ante una situación de violencia de género fuera del centro

1. En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirá los procedimientos del anexo IV de esta orden. En este caso, si la persona que padece la agresión es menor y se considera que existe desprotección, se podrá utilizar la hoja de notificación y el procedimiento de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Consellería de Educación y de la Consellería de Bienestar Social para la comunicación de la situación a Bienestar Social y a Fiscalía de Menores.

2. Ante la situación descrita en el punto anterior, la comunicación a la familia se realizará unicamente con posterioridad a las actuaciones que se recogen en los apartados 2.b y 2.c del anexo IV de esta orden, con los que se informa a las autoridades competentes.


Procedimiento ante actos vandálicos, agresiones, peleas, consumo y tráfico de sustancias perjudiciales para la salud, en el entorno escolar

El acuerdo de colaboración para la mejora de la convivencia y de la seguridad escolar entre la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana seguirá el siguiente procedimiento:

a) La dirección del centro realizará la comunicación de la situación de agresión, peleas y/o vandalismo a las Fuerzas de Seguridad del Estado que sean competentes.

b) Cuando se produzca una situación de conflicto que esté relacionada con problemas de convivencia o atente contra personas o instalaciones, en las proximidades del centro escolar, el equipo directivo, recogerá las incidencias en la ficha del entorno escolar, disponible en ‹http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/entorn_escolar.pdf› y la remitirá a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, o en su caso a quien tenga la atribución de competencias en materia de convivencia, por correo electrónico ‹convivencia@gva.es›.

c) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística remitirá el informe a la Delegación del Gobierno, a través del Área de la Alta Inspección de Educación. En el acuerdo de colaboración citado, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se compromete a informar a la dirección general que ha originado la comunicación de las acciones que se hayan realizado en relación con el incidente.

d) La Dirección General de Ordenación, Innovación y Política Lingüística informará al centro interesado y a la respectiva dirección territorial de Educación acerca de los casos comunicados a la Delegación de Gobierno. En caso de no haberse realizado ninguna comunicación de incidencias, la misma dirección general informará también de esta circunstancia.


Detección de necesidades y planificación de acciones de formación en la materia de convivencia dirigidas a la comunidad, según se dispone en el artículo 14 del Decreto 39/2008.

Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia consideramos imprescindible tener una adecuada formación, encaminada a potenciar la capacidad del profesorado tanto en la resolución de conflictos, como en su capacidad para atender situaciones relacionadas con la convivencia y las situaciones conflictivas. Para ello creemos necesaria la existencia de un Plan de Formación Permanente dirigido a tutores, tutoras y profesorado, y, al mismo tiempo un plan de formación dirigido a los miembros de la comisión de convivencia.

Actividades dirigidas a los tutores y a todo el profesorado Mejora del diálogo con el alumnado. Motivación. Habilidades de comunicación: la importancia de la asertividad. Resolución de conflictos dentro del aula: Intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas y maltrato entre compañeros. Estrategias para fomentar la participación del alumnado. Asistencia técnica de expertos que colaboren en la prevención y resolución constructiva de conflictos que puedan surgir en el aula, negociación y arbitraje. Práctica de metodologías favorecedoras de la convivencia, estrategias de atención y motivación. Inteligencia emocional y refuerzo de habilidades sociales.

Actividades dirigidas a los miembros de la Comisión de Convivencia, a todo el profesorado y al alumnado La mediación, papel del mediador.

Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia en el marco del proyecto educativo.

Difusión del Plan de Convivencia

Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al Consejo Escolar, para su aprobación, y al Claustro de profesores para su información. A partir de ese momento se procederá a su difusión a través de los medios posibles: reuniones, entrevistas, hora de tutoría en clase y página web del centro. Ejemplares del Plan estarán disponibles para su consulta en las Jefatura de Estudios, en la Asociación de Alumnos y página web del centro.

Seguimiento del Plan de Convivencia

Un plan de convivencia no es un documento cerrado que concluye con un expediente académico y la notificación de la falta. Es un documento vivo, que es revisado periódicamente por el Consejo Escolar y el Claustro y se debe adaptar a las circunstancias de cada momento. Un Plan de Convivencia cumplirá sus objetivos si es capaz de evitar los conflictos y si es capaz, cuando se producen, de solucionarlos mediante vías reeducadoras y no excluyentes. El modelo de este Plan de Convivencia pasa por la modificación de conductas.

Evaluación del Plan de Convivencia

El Plan de Convivencia deberá superar las siguientes fases de evaluación:

1. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro realizará el seguimiento del plan de convivencia y elaborará trimestralmente un informe que recogerá las incidencias de dicho periodo, las actuaciones llevadas a cabo, y los resultados obtenidos, de no haber ninguna incidencia no hará falta que se reuna la comisión salvo para la realización del informe de final de curso en el último trimestre del mismo.

2. El Consejo Escolar deberá aprobar en la Memoria Final del Curso un informe completo sobre el Plan de Convivencia y su aplicación en el Centro. En él se incluirá una valoración del PREVI y su aplicación.

3. El Consejo Escolar evaluará el Plan de Convivencia del Centro y remitirá las conclusiones de dicha evaluación a la Dirección Territorial de Educación.

4. El Claustro de Profesores evaluará los resultados y la aplicación de las normas de convivencia y propondrá medidas que favorezcan la misma.

5. En cada dirección territorial hay una comisión encargada de seguir los planes de convivencia. Esta comisión será informada en fecha y plazo reglamentario sobre la aplicación del PREVI del Centro. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno en el plan de convivencia.

Entidades con las que articular este Plan de Convivencia:

IES Rodrigo Botet

Es necesario la creación de un protocolo de actuación con el que coordinar la colaboración mutua entre ambos centros y que permita regular los problemas de convivencia que pudieran surgir entre los miembros de la comunidad educativa de ambos centros. Mientras no se realiza dicho protocolo, los miembros de la comunidad educativa serán considerados a todos los efectos visitas del centro, sin perjuicio del estatuto especial que tuviera el personal de la Consellería en el ejercicio de sus funciones.

Ayuntamiento de Manises

Se colaborará en la medida de lo posible con los servicios de asesoramiento municipal que disponga dicha entidad, así como la posibilidad de la realización de cursos por parte de la Policía Local

Escuelas de Adultos de la comarca

El centro se coordinará con otros centros de adultos de la comarca con el fin de comparar y mejorar el presente Plan de Convivencia y adaptarlo mejor a las características especiales de los centros de adultos.